Por la Redacción de Crónicas del Chile Fome
El escándalo de los jueces licencia médica viajes al extranjero volvió a sacudir al Poder Judicial chileno. Imagínese usted, trabajador común y corriente, pedir reposo un lunes y aparecer el viernes en las stories de algún amigo bailando salsa en Cali. No hace falta ser adivino para saber lo que pasaría: sumario administrativo, despido con causa justificada y un buen rato explicando por qué el reposo médico era perfectamente compatible con la cumbia caribeña.
Ahora bien, si usted no es un trabajador cualquiera, sino que un juez de la República con credenciales ideológicas correctas, el panorama cambia radicalmente.
El caso del juez Daniel Urrutia —figura históricamente vinculada a sectores cercanos al Partido Comunista— resume con dolorosa claridad el problema de fondo que corroe al Poder Judicial chileno: la existencia de una vara para los de arriba y otra, mucho más dura, para el resto. El magistrado viajó a Ecuador durante su licencia médica para someterse a una «terapia de medicina ancestral». No a una cirugía de urgencia. No a un tratamiento de quimioterapia en el exterior. A medicina ancestral. El tipo de experiencia que, en cualquier otro contexto laboral chileno, no generaría más que burlas y papeles de despido firmados.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones lo absolvió.
Y aquí está el verdadero problema, porque no se trata solo de Urrutia. Se trata de un sistema que investiga a cerca de 80 jueces por irregularidades similares y que, frente a la presión pública, responde con la lentitud característica de quien sabe que nadie lo va a apurar demasiado. Un sistema que administra la justicia que le aplica a los demás, pero que parece incapaz de aplicársela a sí mismo con el mismo rigor.
La justicia no puede ser un privilegio de club
Lo más inquietante del fallo absolutorio no es el resultado en sí mismo —los procedimientos legales tienen su complejidad y uno puede discutir los tecnicismos hasta el infinito—, sino la señal que envía. Le dice a la ciudadanía, en voz alta y sin pudor, que las reglas del juego no son iguales para todos. Que hay una clase de funcionarios que habita en una zona gris donde las normas se aplican con guante de terciopelo.
Esto no es una percepción paranoica de las redes sociales. Es una realidad que se documenta caso a caso, fallo a fallo, absolución a absolución.
El mismo Poder Judicial que condena a trabajadores por fraudes menores, que procesa ciudadanos por infracciones al Código del Trabajo, que exige a las empresas rigurosa documentación de cada ausencia laboral, parece operar bajo un estándar completamente distinto cuando el imputado tiene toga y derecho a voto en sala.
La reforma que nadie quiere hacer en serio
Cada cierto tiempo, el escándalo de turno reactiva el debate sobre la necesidad de reformar el sistema judicial. Y cada vez, con puntual disciplina, el debate se instala, se discute acaloradamente durante dos semanas y luego se diluye en el pantano legislativo sin que nada cambie de fondo.
Porque reformar en serio el Poder Judicial implica meterse con uno de los poderes más herméticos e intocables del Estado. Implica crear mecanismos reales de fiscalización externa, no el autocontrol de buena fe que ha demostrado ser ineficiente. Implica establecer sanciones efectivas que no dependan de que los propios jueces juzguen a sus pares. Implica, en definitiva, que alguien con poder político real decida que esto vale la pena.
Y eso, en el Chile actual, es muchísimo pedir.
Medicina ancestral para una justicia enferma
Hay una ironía cruel en todo esto: el juez Urrutia viajó a buscar sanación espiritual en Ecuador mientras el Poder Judicial que integra sufre una enfermedad institucional crónica. Quizás el problema no es que haya ido a buscar medicina ancestral. El problema es que todos los chilenos llevamos años necesitando exactamente eso para curar la desconfianza que instituciones como esta nos han generado.
Mientras los 80 jueces bajo investigación esperan el desenlace de sus procesos, y mientras la ciudadanía observa con escepticismo creciente, una conclusión resulta difícil de eludir: en Chile, la ley pesa más sobre quienes menos tienen. Y en el Poder Judicial, como en tantas otras cosas, las palabras «igualdad ante la ley» siguen siendo, para demasiados, solo eso: palabras.
Conclusión
Chile lleva décadas esperando que alguien le ponga el cascabel al gato del Poder Judicial. La pregunta que hoy se instala con urgencia es si el gobierno del Presidente Kast tendrá la voluntad política real —no el discurso, no el tuit, no la declaración de prensa— de meter las manos en un sistema que ha demostrado ser perfectamente capaz de protegerse a sí mismo. Kast llegó al poder prometiendo exactamente eso: terminar con los privilegios, aplicar la ley sin distinciones y devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones. El momento de demostrar que esas palabras no eran solo campaña es ahora, con nombre y apellido, con reforma concreta y con la disposición de enfrentarse a una casta judicial que no va a soltar sus privilegios sin pelear. Porque si este gobierno tampoco mueve el piso, habremos confirmado lo que muchos ya sospechan: que en Chile, sin importar quién gobierne, los poderosos siempre encuentran la forma de quedar impunes.
Fuentes y notas relacionadas
Corte de Apelaciones sobresee y absuelve a juez Urrutia por viajes al extranjero con licencia médica