La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric, incluyendo compras de terrenos con sobreprecio y sin el reglamento requerido. El informe destaca la gestión del exministro Carlos Montes y cuestiona la ejecución del plan.
Informe revela compras de terrenos con sobreprecio y falta de reglamento
Compras de terrenos sin marco legal
El informe de Contraloría destaca que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó compras de terrenos sin el reglamento que la ley exigía. La Ley N° 21.450, promulgada en mayo de 2022, establecía un plazo de 180 días para dictar un reglamento con criterios mínimos para estas adquisiciones, pero nunca se cumplió. Esto permitió que el MINVU operara con resoluciones transitorias y sin un marco legal formal.
La falta de reglamento significó que las compras de más de 600 hectáreas se realizaran a discreción, sin los controles necesarios. En marzo de 2026, Contraloría rechazó un intento de aprobar un decreto que aún presentaba deficiencias, demostrando la persistencia del problema.
El descontrol en la compra de terrenos se tradujo en operaciones sin supervisión adecuada, lo que generó un gasto millonario sin el respaldo legal necesario. La falta de un reglamento adecuado pone en riesgo la eficacia del plan y su capacidad para abordar el déficit habitacional.
La situación refleja una falla estructural en la gestión de suelos, donde el mismo organismo que tasaba los terrenos era el encargado de comprarlos, sin un control externo independiente.
Distribución territorial y precios inflados
Uno de los hallazgos más críticos del informe es el desorden en la distribución territorial de los terrenos comprados. En siete regiones, se adquirieron suelos donde el plan indicaba que no eran necesarios, mientras que en áreas con alta demanda, como Antofagasta y Maule, las compras fueron mínimas.
Contraloría encontró que en seis casos, los precios pagados por terrenos en la Región Metropolitana duplicaron el valor de referencia establecido en el plan. Este descontrol de precios amenaza el cumplimiento de las metas habitacionales, ya que el gasto excesivo en terrenos caros limita los recursos disponibles.
El argumento del MINVU de que las compras en regiones no prioritarias eran una ‘reserva estratégica’ fue rechazado por Contraloría, que enfatizó que el plan debía enfocarse en las familias más vulnerables en el corto plazo.
La falta de un rango de precios máximo aprobado formalmente, debido a la ausencia de un reglamento, permitió que se pagaran precios desorbitados por terrenos, complicando aún más la ejecución del plan.
Fallas en la gestión y supervisión
El informe de Contraloría también señala fallas en la gestión y supervisión de las compras de terrenos. En 11 de los 21 casos revisados, se ignoró la necesidad de una resolución fundada para justificar el trato directo en las adquisiciones, un principio básico de la contratación pública.
La auditoría reveló que las Mesas Regionales de Coordinación de Suelo, creadas para supervisar las compras, no sesionaron como debían. En regiones como Aysén, no se registraron reuniones, mientras que en Valparaíso, hubo más de un año sin sesiones.
El uso del Fondo de Infraestructura S.A. como intermediario para adquirir terrenos sin un protocolo formal también fue cuestionado. Esto permitió compras sin evaluación previa y sin informes técnicos que las respalden.
La falta de control y supervisión adecuada en el proceso de compra de terrenos refleja una gestión deficiente que compromete la eficacia del Plan de Emergencia Habitacional.
Perspectivas
El informe de Contraloría sobre el Plan de Emergencia Habitacional en la era Boric expone serias deficiencias en la gestión de terrenos y la falta de un marco legal adecuado. Estas irregularidades no solo cuestionan la responsabilidad de la administración anterior, sino que también imponen una presión inmediata sobre la actual gestión para corregir y ordenar el plan.
La necesidad de establecer controles de precios, reforzar la supervisión de tasaciones y dictar un reglamento que debió existir desde 2022 son pasos cruciales para garantizar que el plan cumpla con su objetivo de abordar el déficit habitacional. La presión está ahora en el gobierno de José Antonio Kast para implementar estas correcciones y asegurar una gestión eficiente y transparente.