La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, desmintió cualquier conexión con la defensa de narcotraficantes a través de una sociedad con su exmarido. La aclaración surge tras una publicación que reveló su vínculo con una empresa conjunta.
La ministra de Seguridad aclara su relación con la sociedad de su exmarido.
Contexto de la polémica
La controversia comenzó tras una publicación de La Segunda que vinculó a la ministra Trinidad Steinert con una sociedad junto a su exmarido, el abogado Rodrigo Irrazabal Izikson. Esta sociedad, denominada ‘Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada’, fue formada hace 25 años y, según Steinert, nunca tuvo actividad comercial. La ministra aclaró que la sociedad no fue disuelta tras la anulación de su matrimonio.
Declaraciones de la ministra
Trinidad Steinert, visiblemente molesta, negó cualquier insinuación de vínculo con actividades ilícitas. Afirmó que su exmarido, Rodrigo Irrazabal, no ha utilizado la sociedad para representar a clientes relacionados con la ley 20.000. Steinert enfatizó que ‘en política no todo vale’, rechazando las insinuaciones del titular periodístico.
El caso del exmarido
Rodrigo Irrazabal, exmarido de Steinert, aparece en la lista de Contraloría por tramitar causas bajo la ley 20.000. Según Steinert, Irrazabal representó a una persona vinculada a delitos de drogas solo una vez, hace 16 años. Este cliente fue condenado a siete años de cárcel tras ser descubierto con marihuana y otros elementos relacionados con el tráfico.
Reacciones y consecuencias
La publicación ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. La ministra Steinert ha recibido apoyo de algunos sectores que consideran que la publicación es un intento de dañar su imagen. Sin embargo, también enfrenta críticas por no haber disuelto la sociedad tras su divorcio. Este incidente subraya la importancia de la transparencia en la vida pública.
Perspectivas
La aclaración de la ministra Trinidad Steinert busca despejar dudas sobre su integridad y la de su gestión. Este caso pone de relieve la necesidad de una clara separación entre la vida personal y profesional de los funcionarios públicos. A futuro, es probable que se intensifiquen los llamados a una mayor transparencia en las relaciones empresariales de figuras políticas.
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