
El abogado Raimundo Palamara, que presentó la querella contra el senador Juan Luis Castro (PS), abrió una segunda hipótesis en el caso de los permisos retirados en el Senado: la falsedad ideológica. Si se acepta la versión de Castro y los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza sí pidieron retirar sus permisos, “podríamos estar ante una falsedad ideológica respecto de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza”, dijo a El Líbero.
Palamara, presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó la querella el jueves 19 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, como contamos en esta nota sobre la querella contra Juan Luis Castro. Es una acción en curso: ningún tribunal ha establecido que alguien haya cometido un delito.
Qué dijo el abogado Raimundo Palamara
En la entrevista con El Líbero, Raimundo Palamara planteó dos escenarios posibles:
- Que alguien firmó por los senadores. Órdenes negó haber retirado su permiso, así que la pregunta es “¿quién firmó esos documentos?”. “Es necesario determinar quién fue el que falsificó la firma, si es que se falsificaron”, dijo.
- Que las firmas son auténticas, pero el contenido no. Según el relato de El Líbero, en este escenario los propios senadores habrían pedido retirar sus permisos sabiendo que no volverían de Asia, donde acompañan al Presidente Kast. Eso, para el abogado, solo tendría sentido para alterar el quórum.
“Aunque le diéramos la razón a Juan Luis Castro (…) igualmente se está cometiendo trampa, en definitiva, con la ciudadanía”, sostuvo. También dijo que “estamos vulnerando el principio democrático a través de estas artimañas”.
Sobre las penas, afirmó que “la falsificación de documentos públicos podría llegar a penas de hasta cinco años”.
Qué es la falsedad ideológica
En la falsificación de un documento hay dos grandes tipos, según la doctrina penal chilena que recoge el estudio Aguila & Compañía:
- Falsedad material: ataca la autenticidad física del documento. Por ejemplo, imitar una firma o intercalar texto que cambie su sentido.
- Falsedad ideológica: el documento es auténtico, pero lo que dice es falso.
Aplicado a este caso: si alguien firmó por Órdenes sin su autorización, se hablaría de una falsificación material. Si los senadores firmaron, pero el documento no reflejaba la realidad, el abogado plantea que podría haber falsedad ideológica.
Qué dice el Código Penal
El artículo 193 del Código Penal castiga al empleado público que, abusando de su oficio, comete falsedad, y enumera ocho formas de hacerlo, según el texto vigente que reproduce iura.cl. Entre ellas:
- “Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica” (número 1).
- “Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido” (número 2).
- “Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales” (número 4).
La pena va de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. El artículo 194 extiende estas falsedades a los particulares que las cometan en un documento público o auténtico, con presidio menor en sus grados medio a máximo.
Hay un matiz importante: según el mismo estudio, la doctrina mayoritaria sostiene que un particular no puede cometer falsedad ideológica, salvo que la ley le imponga el deber de decir la verdad. Qué figura podría aplicarse, si alguna, lo determinará la investigación.
El uso malicioso de instrumento falso
La querella también menciona el uso malicioso de instrumento falso. El artículo 196 establece que quien use maliciosamente un instrumento falso “será castigado como si fuere autor de la falsedad”. Según la querella, Castro sería “quien habría utilizado este documento” para pedir el retiro de los permisos, informó El Líbero.
De qué delitos habla la querella
La acción de Fuerza Ciudadana invoca, de forma preliminar, la falsificación de instrumento público o auténtico y el uso malicioso de instrumento falso, según Radio Agricultura y Meganoticias. Palamara dijo a El Líbero que también podría tratarse de documentos privados, si así lo determina el Ministerio Público.
Según Meganoticias, la querella pide peritajes a los documentos, a la firma y a los registros informáticos, y que la Fiscalía reúna antecedentes para el desafuero de Castro cuando se cumplan los requisitos legales, sin pedir que se declare ahora. El abogado explicó que el desafuero tiene dos instancias, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, por lo general, la Corte Suprema, y que la investigación puede avanzar sin él.
Entre las diligencias, Palamara pide tomar declaración a funcionarios del Senado, a Castro en calidad de imputado, y a Órdenes, Espinoza, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el senador Rodolfo Carter, quien denunció la falsificación de firma en el Senado.
Las otras versiones
Castro calificó lo ocurrido como “hechos circunstanciales en el marco del debate político”, en declaraciones a La Segunda citadas por El Líbero. Espinoza descartó que le hayan falsificado la firma y habló de “una desprolijidad administrativa”.
La Mesa del Senado, encabezada por Núñez, señaló que no se ha confirmado una falsificación y que recibir los documentos “no implica verificar las circunstancias en que fueron firmados”, informó El Mostrador. El vicepresidente Claudio Alvarado calificó el episodio de “máxima gravedad”, según el mismo medio.
En paralelo, la Fiscalía Regional de Valparaíso investiga de oficio. Los permisos de ambos senadores ya fueron restituidos.
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