
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella por fraude en el GORE RM. La acción apunta a una exanalista de la Unidad de Tesorería del Gobierno Regional, acusada de transferir más de $142 millones a una empresa que nunca tuvo contrato con el servicio. Así lo informaron BioBioChile y El Periodista el 13 de noviembre.
Los hechos que se describen a continuación son los que plantea la querella. No hay una sentencia, y las personas querelladas se presumen inocentes mientras no se pruebe lo contrario.
Quiénes son los querellados
La querella, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago según BioBioChile, se dirige contra tres querellados:
- Maritza Pacheco Bartra, exanalista de la Unidad de Tesorería del GORE RM, donde trabajaba desde marzo de 2018. Entre sus funciones estaba inscribir proveedores en la plataforma de pagos y armar las nóminas de pago.
- Juan Pablo Vargas Miranda, socio único y representante legal de la empresa que recibió el dinero.
- Fibronorte SpA, sociedad por acciones con domicilio en Antofagasta, constituida el 29 de enero de 2024 y con giro declarado de venta de artículos de ferretería, según El Periodista.
Cómo habría operado el proveedor ficticio
Según la querella, todo ocurrió en pocos días de enero de 2025. Para el GORE, Fibronorte funcionó como un proveedor ficticio: no tenía adjudicación, orden de compra, convenio ni proyecto con el servicio.
29 de enero de 2025: registro y pago en el mismo día
Esa tarde, a las 15:30, la funcionaria habría registrado a Fibronorte como proveedora del GORE, con una cuenta bancaria y un correo de un dominio que, según la querella, no existía. El mismo día generó un egreso por más de $142 millones y lo sumó a una nómina con otros ocho pagos a proveedores y beneficiarios. El Periodista precisa el monto en $142.287.308. Según la acusación, el objetivo era “simular una transacción habitual”.
A las 17:07 envió la nómina por correo a los dos funcionarios encargados de aprobar los pagos en el banco, con copia a su jefatura, detalla BioBioChile. El 31 de enero se concretó la transferencia.
Después del pago: cambios en la ficha y un registro borrado
Una vez hecho el depósito, la funcionaria habría modificado la ficha del proveedor. Cambió el banco y el número de cuenta, reemplazó el correo y puso como dirección la del propio GORE. También habría eliminado el registro de la transferencia, que se recuperó gracias a respaldos internos, según BioBioChile.
El GORE sostiene que la funcionaria manejaba datos de la empresa (razón social, RUT y número de cuenta) que no figuraban en ningún registro del servicio. Para la querella, eso apunta a un “eventual acuerdo previo” con el representante de Fibronorte.
Cómo se detectó el fraude al fisco
El pago salió a la luz en una revisión contable. Alfonso Vallejos, encargado de la Unidad de Contabilidad, encontró el desembolso a Fibronorte al revisar una cuenta de anticipos y no halló antecedentes de contratación ni documentos que lo justificaran, coinciden ambos medios.
Tras un procedimiento disciplinario, la funcionaria fue desvinculada. El GORE presentó además una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte y abrió un sumario por faltas a la probidad, que sigue en curso. El jefe jurídico del servicio, Israel Chamorro, atribuyó la detección al “funcionamiento de los propios mecanismos de control” de la institución, según BioBioChile.
Qué dicen los involucrados
Juan Pablo Vargas dijo a BioBioChile que no conoce a la exfuncionaria y que prestó la cuenta de su empresa a un tercero: “Se me hizo esa transferencia a mi cuenta, pero yo esa plata se la traspasé a esta persona”. También afirmó que no emitió factura por el pago. El medio no logró obtener la versión de Maritza Pacheco antes del cierre de su edición.
Según el GORE, a la fecha de la querella no se había restituido ningún monto. La acción sostiene que el representante legal “habría retenido los fondos y los habría hecho propios”.
Qué arriesgan y en qué está la investigación
El delito de fraude al fisco está en el artículo 239 del Código Penal. Como el perjuicio supera las 400 UTM, la pena que se pide es de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, es decir, entre 5 años y un día y 15 años. A eso se suman una multa equivalente a la mitad del perjuicio y la inhabilitación para cargos públicos, según BioBioChile. Contra Fibronorte se pide responsabilidad penal como persona jurídica, bajo la Ley de Delitos Económicos.
La causa está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad. La querella pidió que la Brigada del Cibercrimen de la PDI investigue los hechos, que se levante el secreto bancario de los tres querellados y que el SII informe la situación tributaria de Fibronorte y de Vargas en 2024 y 2025. El Ministerio Público deberá decidir si esas diligencias proceden.
No es el primer caso de este tipo que llega a tribunales. En el sitio hemos seguido otras causas por fraude al fisco, como la que involucra al exalcalde Daniel Jadue y la que podría llevar a la destitución de Irací Hassler.
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