La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, enfrenta una investigación por presuntas solicitudes de dinero a funcionarios para actividades personales. La Fiscalía Sur indaga tras una querella de un exdirectivo comunal, revelando posibles irregularidades en el municipio.
La Fiscalía Sur investiga presuntas solicitudes de dinero a funcionarios municipales.
Denuncias y testimonios de exfuncionarios
Nuevos antecedentes han surgido sobre supuestas solicitudes de dinero a empleados municipales para financiar actividades de la alcaldesa Claudia Pizarro. Daniela Alvarado, excoordinadora de comunicaciones, afirmó que se pedía dinero para la candidatura de la alcaldesa, con montos definidos según el sueldo de cada funcionario. Claudio Espinosa, exdirector de la Corporación Cultural, también denunció un aporte solicitado para un viaje de la alcaldesa a Alemania.
Recolección de fondos y prácticas habituales
Según los testimonios, el cobro de cuotas era una práctica común en el municipio, destinada a financiar campañas y actividades políticas. Exfuncionarios bajo reserva de identidad señalaron que los pagos se realizaban por temor a represalias laborales. Documentos como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp evidencian solicitudes de aportes desde 2020, vinculados a un ‘comando’ y al plebiscito constitucional de ese año.
Reacciones y respuesta del municipio
La Municipalidad de La Pintana ha negado las acusaciones, afirmando que todos los aportes electorales se canalizaron a través del Servicio Electoral. La alcaldesa Claudia Pizarro declaró que la querella es un conflicto entre funcionarios y que las instituciones pertinentes esclarecerán los hechos. La investigación busca determinar si existió un sistema de recaudación irregular dentro del municipio.
Perspectivas
La investigación en curso por parte de la Fiscalía Sur podría tener importantes implicancias para la administración municipal de La Pintana. Si se comprueban las acusaciones, se establecerían serias responsabilidades sobre el manejo de fondos en el municipio. Las autoridades deberán esclarecer los hechos para asegurar la transparencia y confianza en las instituciones públicas.
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