Cuando la economía se contrae, las pymes no contratan. Cuando el fisco está en rojo, el Estado recorta. Cuando la inversión se fuga, el empleo no llega. Y cuando un gobierno gasta lo que no tiene durante cuatro años seguidos, alguien termina pagando la cuenta
La Mesa de Reactivación Laboral propone un modelo que ya funciona en las economías más exitosas del mundo. Mirar el debate sin los anteojos del prejuicio ideológico obliga a reconocer que flexibilizar no es lo mismo que explotar.
Herencia fiscal Petro Colombia: El izquierdismo latinoamericano tiene manual, gastar sin límite y dejarle la cuenta al sucesor
Menores juzgados como adultos en Chile: La encuesta Plaza Pública Cadem revela que tres de cada cuatro chilenos exige que los adolescentes que matan, secuestran o violan respondan como adultos. La política sigue mirando para otro lado.
Trabajas ocho horas al día, cinco días a la semana. Pagas impuestos. Cotizas en tu AFP. Y aun así, si mañana tu jefe decide terminar tu contrato «de común acuerdo», podrías quedarte sin un solo peso de indemnización.
La red criminal que traficó niños mediante la reunificación familiar haitianos recaudó $800 millones con total impunidad durante dos años.
Hay una pregunta que circula con fuerza en el debate público chileno y que no debiera ser descartada sin análisis: ¿por qué cuando un carabinero es agredido por un manifestante encapuchado y responde con su arma de servicio, es él quien termina condenado? ¿Son realmente independientes los tribunales que dictaron esas condenas, o tienen sus propios sesgos políticos?
Con el quinto vuelo chárter del año, el Gobierno consolida la confirmación de que las expulsiones de extranjeros Chile 2026 ya no son excepción, sino política de Estado
Haitianos detenidos por tráfico de migrantes: así termina la historia de una red que tenía nombre, dirección y RUT. Operaba desde agencias de viaje registradas en el Registro Civil, recibía fondos públicos del Estado chileno
La Cámara de Diputados aprobó la ley antiencapuchados con 100 votos a favor, sancionando el ocultamiento de identidad en contextos de violencia. El proyecto avanza al Senado. Pero que llega con una pregunta incómoda: ¿por qué 36 parlamentarios votaron en contra?
