Fiscalía abre investigación por video de La Cofradía y burlas TEA

Ministerio Público abre Investigación por video de La Cofradía con burlas a niños TEA luego de que la Federación Nacional de Autismo (Fenaut) presentara una denuncia formal por el polémico video protagonizado por integrantes del programa de streaming La Cofradía, en el que se realizan burlas hacia niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y comentarios de connotación sexual sobre menores de edad. La causa quedó radicada en la fiscalía competente, que instruyó las primeras diligencias a la brigada especializada de la policía civil.

El origen de la polémica que desata investigación por video de La Cofradía

El registro que desató la controversia muestra a Ítalo Omegna, entonces asesor legislativo del diputado Hans Marowski, entregando una serie de regalos durante una celebración privada mientras realiza comentarios que vinculan a niños con autismo con situaciones de abuso. Las imágenes, difundidas primero por uno de sus propios compañeros de panel, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un repudio transversal.

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Tras la exposición pública, Omegna presentó su renuncia al cargo de asesor legislativo, decisión que fue aceptada por el diputado Marowski, quien tomó distancia del contenido del video y señaló que las expresiones vertidas en una actividad privada eran responsabilidad exclusiva de su excolaborador. A los pocos días, el Instituto Mises Cono Sur también resolvió desvincularlo de sus funciones, con lo que Omegna perdió los dos cargos que ejercía.

La denuncia que activó la investigación Ministerio Público La Cofradía

Frente a la magnitud de las repercusiones, Fenaut decidió llevar el caso más allá del ámbito de las redes sociales y la condena pública. La organización interpuso una acción legal ante el Ministerio Público, argumentando que el contenido del video no podía enmarcarse como humor y que trivializaba una de las formas más graves de violencia contra la infancia. La Defensoría de la Niñez también puso antecedentes a disposición de la fiscalía, ampliando el frente institucional en torno al caso.

Según informaron medios nacionales, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), unidad especializada en ilícitos que atentan contra la indemnidad sexual de menores de edad. La fiscalía deberá determinar si las expresiones contenidas en el video configuran algún tipo penal o si corresponden únicamente a un ilícito de connotación ética y política, sin consecuencias penales directas.

Reacciones políticas e institucionales

El episodio provocó un amplio repudio que trascendió al mundo de la infancia y la discapacidad. El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile emitió una declaración pública condenando las expresiones difundidas, calificándolas como una forma de violencia hacia la niñez. Por su parte, la Fundación FUAN respaldó la solicitud de Fenaut y llamó a que las instituciones competentes se pronunciaran sobre el caso, mientras que voces del propio espacio libertario reconocieron en privado el daño reputacional que provocó la difusión del video.

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De acuerdo con una investigación publicada por El Mostrador, el anuncio de que el caso pasaría a manos del Ministerio Público abrió además interrogantes sobre el financiamiento del entramado de fundaciones y espacios de streaming vinculados al mismo ecosistema libertario en el que se originó el video.

Qué sigue en el proceso judicial

Con la causa ya abierta, la fiscalía deberá recabar los antecedentes necesarios para establecer si existe mérito para formalizar a alguno de los involucrados. Entre las diligencias esperadas se cuentan la citación a declarar de los protagonistas del video, la incautación del material audiovisual original y la elaboración de peritajes que permitan contextualizar el registro dentro del marco legal vigente en materia de protección de la niñez.

Organizaciones como Cooperativa reportaron que tanto Fenaut como FUAN insistieron en que no existe contexto que justifique normalizar expresiones que vinculan a la niñez autista con situaciones de abuso sexual, y reiteraron su llamado a que las instituciones políticas asuman responsabilidades concretas más allá de las desvinculaciones ya ocurridas.

El caso se suma a un ambiente de creciente escrutinio sobre el comportamiento de figuras públicas y asesores vinculados a partidos políticos en Chile, en momentos en que la protección de la niñez y la persecución de delitos sexuales contra menores concentran cada vez más atención tanto del Ministerio Público como de la opinión pública.