Ministro Louis De Grange sobre la rebaja del TAG: “es un activo de todos los Chilenos”

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, salió a defender el modelo con que el Gobierno está negociando la rebaja del TAG con las concesionarias de autopistas urbanas. Frente a quienes cuestionan que las bajas de tarifas se paguen con más años de concesión, así justifica De Grange la rebaja del TAG: «Es un activo que es de todos los chilenos, por lo tanto, cada vez que hay una rebaja en un punto se está beneficiando a los usuarios».

La declaración llega apenas un día después de que el presidente José Antonio Kast anunciara el primer acuerdo concreto, con Autopista Central, y en medio de un debate que mezcla bolsillo, contratos de largo plazo y costo fiscal. Para el Ejecutivo, cada punto porcentual que baja la tarifa es plata que vuelve a los automovilistas; para los críticos, la pregunta es quién termina pagando esa diferencia.

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Así justifica De Grange la rebaja del TAG: el argumento del «activo de todos»

El razonamiento del biministro apunta a un punto que suele olvidarse en la discusión: las autopistas concesionadas no son propiedad de las empresas que las operan. Son infraestructura pública entregada en concesión por un plazo determinado, y al término de ese plazo vuelven al Estado. Bajo esa lógica, renegociar las condiciones para que los usuarios paguen menos sería administrar mejor un bien común, no regalarle nada a los privados.

No es la primera vez que De Grange pone el tema en el centro de su gestión. Ya en mayo, en entrevista con TVN, había calificado la baja de tarifas como una prioridad y habló de una oportunidad de mejora muy significativa en todo el sistema, según consignó El Dínamo. La idea, de hecho, venía de la administración anterior del MOP, cuando Martín Arrau encabezaba la cartera y se evaluaban rebajas de hasta 30% mediante la renegociación de contratos.

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Qué se acordó con Autopista Central

El primer acuerdo cerrado considera una rebaja de 10% en la tarifa base y de 25% en los horarios punta y de saturación, que comenzaría a regir el 1 de enero de 2027. El descuento estaría condicionado a pagar la cuenta dentro de los primeros 60 días, un incentivo explícito para reducir la morosidad que arrastra el sistema, tema que también abordó CNN Chile.

Como contrapartida, la concesionaria VíasChile obtendría una extensión del plazo de la concesión, que hoy vence en 2032. De acuerdo con lo publicado por la prensa económica, esa extensión rondaría los 20 meses, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente. Autopista Central concentra cerca del 40% de la circulación de las autopistas urbanas de Santiago, por lo que el efecto sobre el bolsillo de quienes la usan a diario no sería menor.

Las otras tres autopistas en la mira

El Gobierno no pretende quedarse en un solo acuerdo. Según detalló Pauta, las conversaciones incluyen también a Costanera Norte, Américo Vespucio Norte y Américo Vespucio Sur, con la meta de cerrar las primeras rebajas antes de que termine 2026. El propio biministro explicó en T13 que el porcentaje dependerá de cada contrato y de cuántos años de concesión le queden a cada autopista, algo que describió como un problema de matemática financiera.

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El proceso, además, no es inmediato. Una vez alcanzado el acuerdo con cada concesionaria, hay que modificar los contratos y enviarlos a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Solo entonces la nueva tarifa puede aplicarse. Fuera de Santiago, el Ejecutivo también explora fórmulas similares para rutas interurbanas como la Ruta 60 CH en la Región de Valparaíso, según informó Meganoticias.

Las dudas: concesionarias y costo fiscal

No todos comparten el optimismo. El gremio de concesionarias, Copsa, advirtió que la diversidad de contratos hace difícil pensar en una propuesta transversal, de acuerdo con lo reportado por Emol. Es decir, no se oponen a priori, pero anticipan que las rebajas no serían iguales para todas las vías.

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La otra alerta es fiscal. El Consejo de Políticas de Infraestructura ha estimado una exposición de entre US$600 y US$800 millones anuales asociada al esquema de rebajas, una cifra que se trata de una estimación y no del costo de un acuerdo cerrado. En un escenario de ajuste del gasto y con el Presupuesto 2027 en plena discusión, cualquier compromiso que traslade costos al Estado será mirado con lupa.

Del otro lado están los usuarios. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó la iniciativa desde el inicio, recordando que los transportistas son quienes soportan los peajes más caros, según Radio Agricultura. Para las familias, el TAG se suma a otros gastos de movilidad que han presionado el presupuesto doméstico, como el precio de los combustibles.

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Lo que viene para los automovilistas

El mensaje del biministro busca instalar la idea de que no hay rebaja pequeña: cada punto que se descuenta es dinero que vuelve a quienes usan las autopistas a diario. Su argumento del activo público también funciona como respuesta anticipada a la crítica de que extender concesiones equivale a entregar más años de negocio a los privados.

Lo que queda por ver es si las negociaciones con Costanera Norte y las dos Vespucio llegarán a puerto antes de fin de año, cuánto se extenderá finalmente cada contrato y si los descuentos se notarán de verdad en la cuenta mensual. Por ahora, el primer acuerdo entrega una señal política clara del Gobierno en un tema que toca directamente el bolsillo, mientras la letra chica sigue pendiente de revisión en Contraloría y del detalle que publique el Ministerio de Obras Públicas.

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