El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este domingo la creación de una comisión transversal, encabezada por un economista independiente, para revisar el Estatuto Administrativo que rige las condiciones laborales de los funcionarios públicos chilenos. El anuncio, realizado en el programa Estado Nacional de TVN, generó un rápido malestar entre los gremios estatales, que acusan haber sido excluidos de una discusión que ya mantenían con el Ejecutivo por otra vía.
«Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno. Es un tema estructural al que hay que entrar», afirmó Quiroz, vinculando la iniciativa directamente con el proceso de consolidación fiscal que impulsa el gobierno de José Antonio Kast tras la aprobación de la megarreforma tributaria en el Senado.
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¿Qué busca la revisión del Estatuto Administrativo?
El Estatuto Administrativo es el cuerpo normativo que fija las condiciones de ingreso, estabilidad, deberes y derechos de los funcionarios públicos en Chile, y data en su mayor parte de la época de la dictadura. Según Quiroz, «si queremos consolidar este reordenamiento fiscal que estamos haciendo, pasa a ser extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos». El ministro apuntó especialmente a la rigidez del sistema actual, señalando que «mucho de lo que va a cambiar tiene que ver con la rigidez» y que el objetivo final es «que el Estado sirva mejor a la ciudadanía».
De acuerdo con los plazos entregados por el propio secretario de Estado, la comisión debería quedar constituida esta misma semana y contará con un plazo aproximado de dos meses para desarrollar su trabajo, con la meta de entregar conclusiones antes de que termine el año. Eso sí, Quiroz fue claro en precisar que la presentación formal de un eventual proyecto de ley no estará lista para la discusión del Presupuesto 2027, sino que se concretaría recién el próximo año. Actualmente, el sector público chileno —incluyendo a las Fuerzas Armadas— cuenta con cerca de un millón de funcionarios, de los cuales unos 200 mil pertenecen solo a la administración central.
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La molestia de la Anef y el reclamo por una mesa paralela
El anuncio de Quiroz cayó especialmente mal en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), que ya venía sosteniendo una mesa técnica de conversaciones sobre modernización del Estado con el Ministerio del Trabajo, instancia que —según el gremio— había sido mandatada directamente por el Presidente Kast. Desde la organización sindical emplazaron a Quiroz a respetar los acuerdos previos y a consultar con el propio mandatario cuáles fueron los compromisos asumidos con los trabajadores estatales.
Según consignó Diario y Radio Universidad de Chile, la Anef sostuvo que «no basta con un equipo de técnicos eruditos» y exigió participación directa de los funcionarios en la instancia que evaluará los cambios al estatuto. La molestia no se limitó al oficialismo: desde la oposición también surgieron reparos. El diputado PS y miembro de la Comisión de Trabajo, Nelson Venegas, calificó la revisión como una señal «preocupante» y advirtió que el Estatuto Administrativo «es fruto de las conquistas de los empleados públicos» y que concede la estabilidad necesaria para que los funcionarios «no sean funcionarios de un gobierno de turno, sino que sean profesionalizados en sus cargos».
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Una comisión técnica en medio de la consolidación fiscal
El respaldo al anuncio provino, en cambio, de sectores académicos y expertos en gestión pública, que llevan años señalando la rigidez del actual estatuto como un obstáculo para modernizar la administración del Estado. Según reportó Emol, Quiroz reiteró ante la Comisión de Hacienda del Senado que el objetivo es «lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural», enmarcando la revisión del Estatuto Administrativo dentro de la agenda más amplia de ajuste fiscal del gobierno.
El ministro también aprovechó de referirse a la megarreforma tributaria recientemente aprobada, mostrándose confiado en que el Tribunal Constitucional se pronuncie favorablemente dentro de este mes de agosto respecto a los requerimientos presentados en su contra. La comisión por el Estatuto Administrativo se suma así a un paquete de reformas estructurales —tributarias, de seguridad y ahora de empleo público— que el gobierno de Kast busca consolidar antes del término de su primer año de gestión.
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Con la comisión aún sin integrantes confirmados públicamente y sin plazos legislativos definidos, el próximo capítulo de esta disputa se jugará en la forma en que el Ejecutivo resuelva la tensión entre avanzar con técnicos «independientes» o abrir espacio a la participación directa de los propios funcionarios públicos, tal como exige la Anef.
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