Haitianos detenidos por tráfico de migrantes: así termina la historia de una red que tenía nombre, dirección y RUT. Operaba desde agencias de viaje registradas en el Registro Civil, recibía fondos públicos del Estado chileno y promocionaba sus servicios abiertamente en redes sociales. La PDI llegó finalmente a cobrar la cuenta

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en coordinación con la Policía de Investigaciones, detuvo este miércoles a dos ciudadanos haitianos imputados por tráfico ilícito de migrantes. Los haitianos detenidos por tráfico de migrantes están sindicados como parte de una organización que introducía extranjeros de manera ilegal a Chile, ingresándolos desde Puerto Príncipe vía República Dominicana. Pasarán a control de detención este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde enfrentarán cargos por asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos. La causa está a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo, y lleva abierta desde 2024.
Aunque la Fiscalía precisa que estos hechos son distintos a los del informe de Contraloría, la lógica es la misma: menores de edad, irregularidades en el ingreso y una red organizada que encontró en Chile un Estado dispuesto a no mirar.
Las agencias: dos empresas, un mismo negocio
Los allanamientos del día se concentraron en dos agencias de viajes que no eran exactamente agencias de viajes.
La primera es Agencia Cananeen, constituida el 8 de julio de 2024 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda como una sociedad por acciones. Su único dueño y representante es Jean Chery Dormeus, quien además lidera la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos, una ONG que durante 2025 recibió $10 millones del Gobierno Regional Metropolitano. Dinero público, administrado directamente por quien hoy es parte de una causa por tráfico de personas.
La segunda agencia es MundoPam, creada el 2 de octubre de 2024 por Ezechiel Rome. En sus redes sociales se promocionaba como una agencia de «reunificación familiar» —las mismas dos palabras que se convirtieron en el eufemismo central del escándalo más grande de la migración chilena en décadas. Su sitio web ofrecía «estrategias efectivas para el éxito de sus trámites migratorios» e incluía entre sus servicios la gestión de «solicitud de reunificación familiar, incluyendo asesoría, preparación de documentos y presentación del trámite».
En otras palabras: cobraban por hacer lo que el Estado nunca debió haber permitido.
El dinero público que financió la red de Haitianos detenidos por tráfico de migrantes
El dato más explosivo de las detenciones de hoy no está en los nombres de los imputados. Está en los $10 millones que el Gobierno Regional Metropolitano transfirió durante 2025 a la ONG encabezada por Dormeus.
Eso significa que mientras Contraloría ya había notificado formalmente al SERMIG sobre el ingreso irregular de menores haitianos —notificación que el gobierno de Boric recibió en mayo de 2025 y ante la cual no adoptó medida alguna—, el Estado chileno continuó financiando a actores vinculados a redes migratorias irregulares a través del gobierno regional de la Región Metropolitana.
La pregunta no es retórica: ¿nadie hizo el cruce? ¿Nadie revisó a quién se estaba transfiriendo ese dinero?
La cadena que no se puede ignorar
El caso de los niños haitianos no comenzó ni termina con estas detenciones. Es un hilo que se tira y no para.
La Contraloría determinó esta misma semana que Migraciones actuó ilegalmente al ingresar a menores haitianos bajo el programa de Reunificación Familiar. El Poder Judicial ya había advertido que podrían estar involucrados al menos 14.500 menores. La Fiscalía Nacional, a través de su Unidad Anticorrupción, lleva meses investigando. Y ahora la PDI detiene a los primeros imputados: dos ciudadanos haitianos detenidos por tráfico de migrantes que operaron agencias de turismo con nombres benignos para hacer ingresar personas a Chile de manera ilegal, con niños incluidos.
Lo que estas detenciones revelan, más allá del valor policial del operativo, es que la red existía, tenía estructura legal, tenía financiamiento público y operó durante todo el período en que el gobierno del Frente Amplio administró la política migratoria del país. Que el ex director del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, haya firmado el memorándum que Contraloría declaró ilegal, que su jefatura directa fuera la entonces ministra del Interior Carolina Tohá, y que la investigación haya comenzado en 2024 sin que el gobierno tomara ninguna acción correctiva visible, no es contexto secundario. Es el corazón del problema.
Lo que viene
Los haitianos detenidos por tráfico de migrantes pasarán a control de detención este jueves. Sus identidades no han sido confirmadas públicamente. La causa, que mezcla tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos, es solo uno de los varios frentes abiertos en torno a un escándalo que el gobierno anterior intentó minimizar, que los medios cómplices intentaron enterrar y que la institucionalidad democrática —Contraloría, Fiscalía, PDI— terminó sacando a la luz.
Fuente:
Detienen a dos haitianos por causa de tráfico ilícito de migrantes. https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/de-pasillo/2026/06/22/entrego-a-lucho-alvaro-jalaff-deja-caer-a-hermosilla-y-firma-acuerdo-con-la-fiscalia.shtml
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