Denuncian al comité de rebajas de condenas por eventual prevaricación: el caso quedó en la Fiscalía Centro Norte

La polémica por las rebajas de penas abrió un nuevo frente. La Fundación Fuerza Ciudadana denunció al comité de rebajas de condenas por una eventual prevaricación judicial, y la presentación quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, informó BioBioChile este viernes 6 de noviembre. Hasta ahora, la discusión se concentraba en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y en los jueces de la Corte Suprema.

La denuncia se presentó el jueves 5 de noviembre, según El Mostrador, y acompaña 14 resoluciones de distintas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Es una denuncia, no una decisión judicial: las notas publicadas no informan de un pronunciamiento de la Fiscalía sobre su contenido ni identifican a los integrantes del comité que estarían involucrados.

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Qué busca la denuncia contra el comité de rebajas de condenas

La Fiscalía Centro Norte deberá determinar si las actuaciones del comité, en relación con las resoluciones acompañadas, fueron contrarias a derecho y si reúnen los elementos de un delito, según BioBioChile. La misma fiscalía tiene la causa separada contra el ministro Rabat y el exsubsecretario Luis Silva, a partir de una denuncia de parlamentarios de oposición, consignó Radio Universidad de Chile.

La acción no es igual a la que los abogados Raimundo Palamara, de Fuerza Ciudadana, y Maximiliano Murath, del Partido Nacional Libertario, presentaron a comienzos de noviembre ante la Fiscalía Nacional. Esa denuncia apuntó a ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones por la doctrina de irretroactividad, y no a las comisiones, según EnEstrado. Las notas sobre la nueva presentación no aclaran si las 14 resoluciones coinciden con las citadas en esa acción anterior.

Quién integra la comisión de reducción de condena

El nombre legal del organismo es comisión de beneficio de reducción de condena, y existe una en cada Corte de Apelaciones, de acuerdo con la Ley 19.856. La preside un ministro de Corte designado por el Pleno. Su tamaño depende del territorio:

• Santiago y San Miguel: siete jueces con competencia criminal, dos abogados y dos peritos, además del ministro que preside.
• Arica, Iquique, Valparaíso y Concepción: cinco jueces, un abogado y dos peritos, además del ministro.
• Resto de las cortes: tres jueces, un abogado y dos peritos, además del ministro.

Los jueces son designados por la Corte de Apelaciones. El abogado y los peritos, un psicólogo y un asistente social, son nombrados por el Ministerio de Justicia, explicó T13. Es decir, la comisión no está compuesta solo por magistrados.

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Qué hace la comisión y qué hace el Ministerio de Justicia

La comisión califica el comportamiento del condenado, que debe ser sobresaliente. Para eso considera estudio, trabajo, rehabilitación y conducta. Si se acredita, la reducción es de dos meses por cada año cumplido, según T13. Después, el beneficio se concede por decreto supremo tramitado a través del Ministerio de Justicia, como establece la Ley 19.856.

Ese último paso es el centro de la disputa. Rabat sostiene que, una vez aprobada una rebaja por la comisión, la ley solo le deja emitir el decreto, y dijo ante la Cámara que rechazarla implicaría infringir “los artículos 6 y 7 de la Constitución”, recogió CIPER.

CIPER revisó 15 resoluciones de las cortes de Santiago y Valparaíso, dictadas entre junio y agosto de 2026 en amparos de condenados por delitos sexuales contra menores. En 13 de ellas ordenaron al ministerio emitir “el pronunciamiento que le compete”. En cuatro reconocieron que puede dictar “el decreto que en derecho corresponda”, y en una señalaron que puede “reconocer o rechazar el beneficio”. Para CIPER, esos fallos muestran que el ministerio mantenía la facultad de decidir.

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Las 56 rebajas siguen bajo revisión

El caso se originó en las rebajas autorizadas por Rabat a 56 condenados por abuso sexual y violación de menores, según T13. Además de las causas penales, la Contraloría revisa las rebajas de condena en el Ministerio de Justicia, informó El Mostrador, y Canal 9 Biobío situó el inicio de esa fiscalización el 4 de noviembre.

Con esta presentación, la pregunta deja de ser solo quién firmó los decretos y pasa también por quién evaluó los casos antes de que llegaran al ministerio. Esa es una lectura de este medio: la respuesta judicial dependerá de lo que determine la Fiscalía Centro Norte.

Todas las personas mencionadas en este artículo, y los integrantes de las comisiones que puedan resultar denunciados o imputados, gozan de la presunción de inocencia, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, mientras no exista una sentencia firme que establezca lo contrario.