Tribunal de Valparaíso ordena liberar a condenado por violación pese a resistencia de Justicia a otorgar el beneficio

La crisis que rodea al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. La rebaja de condena en Valparaíso de un hombre sentenciado por violar a una menor de 14 años quedó a un paso de concretarse, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de amparo y le diera al Ministerio de Justicia apenas 24 horas para dictar el decreto que resuelva el beneficio. La decisión llega justo cuando el Gobierno había congelado la tramitación de estos decretos para contener el escándalo, según informaron The Clinic y Meganoticias.

El caso deja en una posición incómoda a la izquierda y a la oposición que impulsa la acusación constitucional. Mientras acusan a Rabat de haber firmado rebajas de pena para agresores sexuales de menores por voluntad propia, ahora es un tribunal el que le exige resolver una más y califica como ilegal que el ministerio se demore. Es justamente lo que el ministro viene sosteniendo: que el problema está en la ley y en cómo la interpretan los jueces, no en su firma.

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Así se gestó la rebaja de condena en Valparaíso que abrió la Corte, no el ministro

Según la reconstrucción de Mega Investiga, el condenado, identificado con las iniciales V.A.T., cumple una pena de 5 años y 1 día por violación de una menor de 14 años y se encuentra en el Centro de Detención Preventiva de Limache. El 5 de junio, la Comisión de Reducción de Pena de la Región de Valparaíso lo había excluido del beneficio precisamente por el tipo de delito, aplicando la causal del artículo 17 letra e) de la Ley 19.856, que desde la reforma de 2022 deja fuera a los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Su defensa recurrió de amparo y la Corte ordenó reincorporarlo sin aplicar esa causal, bajo el criterio de que la exclusión no podía operar de forma retroactiva para condenas anteriores a febrero de 2022. Un mes después, la comisión lo incluyó con calificación de conducta sobresaliente y fijó su eventual egreso para el 26 de octubre de 2026.

La solicitud llegó al ministerio el 21 de octubre. Dos días más tarde, el Gobierno anunció la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena en medio del escándalo. Al no recibir respuesta, el abogado del condenado presentó un nuevo amparo el 27 de octubre, esta vez contra la propia cartera de Justicia.

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Lo que dijo la Corte: «no puede prolongarse injustificadamente»

Con el voto de los ministros Felipe Caballero y Nancy Bluck, el tribunal de alzada estimó que la tramitación del decreto no puede extenderse sin razón y que la falta de resolución oportuna, sin impedimentos legales identificados, configura una omisión ilegal que amenaza la libertad del amparado. Por ello ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictar el acto administrativo en un plazo de 24 horas desde la notificación.

En lo formal, la Corte no obliga literalmente al ministerio a conceder la rebaja, sino a pronunciarse. Pero con la comisión regional ya favorable y un fallo previo de la misma Corte que anuló la exclusión, el margen de Rabat para negarse sería prácticamente nulo. Fue el tribunal, y no el ministro, el que abrió la puerta al beneficio en junio. Consultado por Mega, el ministerio optó por no comentar el fallo y señaló que el ministro responderá jurídicamente ante el tribunal.

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El fallo que respalda la tesis de Rabat

Rabat ha sostenido ante la Cámara que la ley lo obligaba a firmar las rebajas cuando las comisiones las aprobaban, y que los tribunales venían fallando mayoritariamente a favor de los condenados. La resolución de Valparaíso parece darle la razón: cuando el ministerio frenó los decretos, fue la justicia la que lo conminó a resolver bajo amenaza de estar privando ilegalmente de libertad a un reo. Para la oposición, en cambio, el ministro sí tenía margen. Se apoya en una investigación de CIPER Chile, que reveló que en los primeros meses del gobierno el ministerio rechazó al menos nueve solicitudes de agresores sexuales de menores y las defendió en tribunales, ganando en seis de ellas. Otro reportaje del mismo medio concluyó que diversas cortes de apelaciones establecieron que Rabat sí podía rechazarlas.

Pero esas mismas cifras muestran el otro lado de la moneda: según CIPER, desde 2022 la Corte Suprema ha fallado 126 amparos de reos a los que Justicia les negó la rebaja, y en 111 de ellos le dio la razón al condenado. Es decir, cuando el ministerio decía que no, lo habitual era que un tribunal terminara diciendo que sí. El caso de Valparaíso es la versión más reciente de ese patrón, y deja al descubierto que la discusión de fondo pasa por una ley cuya aplicación depende de qué juez o qué sala revise cada caso.

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Valparaíso, epicentro del escándalo

La región no es un actor secundario en esta historia. De acuerdo con El Mostrador, al menos 18 condenados por delitos sexuales recibieron rebajas de pena en Valparaíso, y BioBioChile confirmó en octubre que dos sentenciados por violación de niños ya habían quedado libres en la zona. A nivel nacional, se habla de 56 decretos visados para condenados por delitos sexuales contra menores, cifra revelada por Interferencia y que parlamentarios han pedido sin éxito detallar.

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Acusación constitucional, sumario y un ministro imputado

El escenario político se estrecha. Según T13, Rabat ordenó un sumario interno para identificar quién filtró los decretos y estaría sondeando abogados ante una acusación constitucional que la oposición presentaría la próxima semana. A ello se suma una indagatoria de la Fiscalía tras una denuncia de diputados opositores, que habría convertido al secretario de Estado en imputado.

Cabe recordar que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, ninguna persona puede ser considerada culpable ni tratada como tal mientras no exista una sentencia firme que así lo declare, presunción que ampara al ministro Rabat y a todos los involucrados en la investigación.

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Una acusación que choca con los tribunales

El fallo complica el relato de quienes preparan la acusación constitucional. Si el ministro es responsable por firmar rebajas, ¿qué responsabilidad cabe a los tribunales que las ordenan? La pregunta incomoda a una oposición que ha concentrado toda la culpa en Rabat, mientras los jueces siguen exigiendo los decretos por la vía del amparo. El presidente José Antonio Kast ya había anunciado medidas para impedir nuevas rebajas de condenas e incluso explorar cómo anular las rebajas ya otorgadas, pero el caso de Valparaíso muestra que sin un cambio legal claro el Ejecutivo seguiría a merced de cada interpretación judicial.

Mientras tanto, el oficialismo comparó el caso con las rebajas de condena en el gobierno de Boric, y figuras como el exministro Patricio Valdés y el propio diputado Kast han salido en defensa del titular de Justicia. La Subsecretaría de Justicia tampoco escapa a la polémica: según BioBioChile, el subsecretario Silva habría firmado una rebaja de pena a un abusador sexual mientras la Corte de Valparaíso aún revisaba un recurso de amparo.

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Qué viene ahora

En las próximas horas, el Ministerio de Justicia deberá responder a la orden de la Corte de Valparaíso. Si dicta el decreto, lo hará por orden judicial, lo que refuerza el argumento de que la firma del ministro es un trámite obligado. Si se resiste, arriesga un desacato. En ambos escenarios, el episodio pone en evidencia que la crisis de las rebajas de pena no se resuelve con la salida de un ministro, sino corrigiendo una ley que hoy deja en manos de cada tribunal si un condenado por delitos sexuales contra menores recupera su libertad antes de tiempo. Un debate que, además, se cruza con la discusión sobre la capacidad del sistema penitenciario y el plan para construir nuevas cárceles.

La crisis que rodea al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. La rebaja de condena en Valparaíso de un hombre sentenciado por violar a una menor de 14 años quedó a un paso de concretarse, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de amparo y le diera al Ministerio de Justicia apenas 24 horas para dictar el decreto que resuelva el beneficio. La decisión llega justo cuando el Gobierno había congelado la tramitación de estos decretos para contener el escándalo, según informaron The Clinic y Meganoticias.

El caso deja a la izquierda en una posición incómoda: mientras acusan a Rabat de haber firmado rebajas de pena para agresores sexuales de menores, ahora es un tribunal el que le exige resolver una más, bajo el argumento de que «la demora» del ministerio constituye una amenaza ilegal a la libertad del condenado. Queda de manifiesto que el problema es la ley, pero aún así la oposición en el Senado se niega a legislar al respecto.

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