
El Gobierno dio un nuevo paso para reactivar el mercado inmobiliario. Este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ingresaron con discusión inmediata un proyecto de ley que busca prolongar la rebaja al crédito hipotecario y ampliar el subsidio estatal asociado a la compra de viviendas nuevas, a través de un Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) potenciado.
La iniciativa llega en un momento en que la economía chilena todavía muestra señales mixtas. Hace apenas unos días, el Imacec de junio confirmó una recesión técnica, lo que ha llevado al equipo económico a acelerar medidas de estímulo focalizadas en la construcción, uno de los sectores más golpeados por el estancamiento de ventas y el elevado stock de viviendas sin vender.
En qué consiste la rebaja al crédito hipotecario
Según explicó el ministro Quiroz, el proyecto permitirá prolongar la actual rebaja en la tasa del crédito hipotecario en aproximadamente un punto porcentual, bajando el costo del financiamiento desde el 4% al 3% para quienes compren una vivienda nueva. El beneficio combina dos herramientas: un subsidio directo que el Estado descuenta de la tasa de interés, y la garantía Fogaes, que respalda ante la banca una parte del valor de la propiedad y facilita el acceso al crédito con un pie más bajo.
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El proyecto también eleva el tope de valor de las viviendas elegibles, desde las actuales UF 4.000 a UF 6.000, y aumenta los cupos disponibles de 50.000 a 80.000. De acuerdo con cifras del ministerio, este ajuste sumaría unas 30.000 viviendas adicionales al beneficio y ampliaría su cobertura al 88,1% de la oferta inmobiliaria del país, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción citados por el Gobierno.
Un combo con la exención de IVA a viviendas nuevas
Quiroz enmarcó esta extensión dentro de un paquete más amplio de reactivación, que incluye la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas por doce meses, contemplada en la Ley de Reconstrucción impulsada por el Gobierno. El ministro sostuvo que la combinación de ambas políticas —menor IVA y tasa hipotecaria subsidiada— podría traducirse en una rebaja de precios cercana al 10% para las familias interesadas en comprar su primera vivienda, alcanzando a un grupo social más amplio, incluida la clase media.
Como ejemplo, el jefe de Hacienda indicó que el ingreso familiar necesario para acceder a una vivienda de UF 5.000 podría bajar de aproximadamente $4 millones a cerca de $3 millones mensuales. El ministro Poduje, por su parte, resumió el diagnóstico de fondo señalando que existen muchas familias chilenas «muy ricas para el Estado y muy pobres para los bancos», en alusión al segmento de clase media que hoy queda fuera de los subsidios tradicionales pero no logra acceder fácilmente al crédito comercial.
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Un nuevo tramo del subsidio DS1 para el segundo semestre
Poduje adelantó además que, durante el segundo semestre, se lanzará un nuevo tramo del subsidio DS1, denominado «Tramo 4.000», orientado a viviendas de hasta UF 4.000. Según el calendario que maneja el Minvu, este nuevo instrumento debería estar operativo entre octubre y noviembre, con un cupo inicial de 5.000 unidades, y se combinará con el Fogaes ampliado para potenciar el acceso de las familias a la vivienda propia.
El titular de Vivienda estimó que, en conjunto, estas medidas podrían elevar la velocidad de venta de proyectos inmobiliarios en un 25%, lo que ayudaría a reducir el stock de viviendas sin vender que hoy supera las 100.000 unidades a nivel nacional, según cifras del propio ministerio.
El contexto fiscal detrás del anuncio
La discusión inmediata solicitada por el Ejecutivo busca que el proyecto avance con rapidez en el Congreso, considerando que, de no modificarse la normativa vigente, el actual programa de subsidio a la tasa se agotaría durante septiembre de 2026. El anuncio se produce, además, en medio de un escrutinio más estricto sobre las cuentas fiscales, luego de que Hacienda revisara en detalle el déficit fiscal y el nivel de deuda pública heredados, un antecedente que el Gobierno ha usado para justificar la necesidad de reactivar sectores productivos como la construcción sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
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Según el reporte más reciente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), al 17 de julio se registraban 51.551 solicitudes del Subsidio al Dividendo con aprobación comercial, de las cuales 28.589 ya habían sido cursadas, cifras que grafican la demanda que ha generado el programa desde su implementación y que respaldan, según el Gobierno, la necesidad de extenderlo antes de que expire.
El proyecto ahora deberá iniciar su tramitación legislativa, donde se espera que el Ejecutivo busque apoyos transversales dado el consenso relativamente amplio que ha existido en torno a la necesidad de reactivar el sector inmobiliario y reducir el stock de viviendas sin vender, uno de los problemas estructurales que ha arrastrado la economía chilena en los últimos años.
Fuentes: Diario Financiero, La Tercera y BioBioChile.
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